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Los jugadores del Club Sport Herediano y la Liga Deportiva Alajuelense sacaron previo al encuentro de esta tarde tarjetas con la leyenda “Sáquele tarjeta roja al racimo”. Los deportistas y la Asojupro hacen de este modo un llamado a los legisladores para que se discuta el proyecto de ley No. 20159 Contra la Violencia y el Racismo en el Deporte.
Esteban Alvarado, arquero del equipo florense, espera que la aprobación se realice a la brevedad posible.
“Estoy de acuerdo y me parece muy importante este proyecto porque defiende el derecho de vivir sin discriminación y violencia. Además tendríamos más oportunidad de educar sobre estos temas en los estadios a los jóvenes y a los adultos, que incluso, son testigos de actos de discriminación verbales y físicos que se dan en contra de jugadores”, apuntó Alvarado.
Por su parte los personeros de Asojupro ven con preocupación como pasa el tiempo y no se le da la importancia requerida al tema.
“El deporte deber ser una herramienta de transformación social”, dijo Steven Bryce, “es importante que este proyecto avance, la violencia y la discriminación van en aumento y lo cierto es que los protocolos de la Unafut y la Federación no son suficientes, esta iniciativa es más integral que la que contempla la Ley 9145, que castiga la violencia en el deporte”.
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La propuesta fue presentada en 2016 por Fabricio Alvarado y actualmente está siendo analizada en una Sub Comisión de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia.
La iniciativa deja en su primer artículo muy en claro el propósito de la misma: la presente ley tiene como objeto la regulación y la determinación de acatamiento y de protección para garantizar la prevención, el control y la sanción de la violencia y el racismo en el deporte.
Con la aprobación de la ley quedaría prohibida la entrada a los recintos deportivos a quienes introduzcan, crean, difundan o exhiban materiales de cualquier tipo con contenidos o mensajes racistas, xenófobos, o con contenidos que inciten o provoquen a la violencia o que amenacen o dañen a una persona o a la colectividad, por razón de su origen racial o étnico, su religión o convicciones, su discapacidad, edad y sexo.
También se contemplan los distintos de insultos que deben ser sancionados y su respectivo castigo: multa (basado en salarios mínimos), hechos graves o gravísimos.